El juez federal electoral de la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, procesó a los responsables económicos de la campaña de 2017 de Cambiemos en ese distrito por la presentación de aportes falsos. 

Según la investigación, se reveló que personas que afirmaron nunca haber realizado contribuciones a la campaña figuraban como donantes, a pesar de encontrarse en situaciones de vulnerabilidad. 

En total, la investigación descubrió que casi $2 millones de ese año (aproximadamente $122 millones actualizados) fueron aportados de manera irregular, sin que se haya identificado el origen real de esos fondos, consignó el sitio de noticias Infobae.

La causa se refiere a los comicios primarios y generales de 2017, en los que Esteban Bullrich y Gladys González encabezaron la fórmula de senadores nacionales y Graciela Ocaña fue la primera candidata a diputada nacional. En esa elección, Cambiemos, la coalición que apoyaba al presidente Mauricio Macri y a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, derrotó a la lista de Unidad Ciudadana encabezada por Cristina Kirchner. Sin embargo, la resolución judicial no incluyó a los responsables políticos de la campaña.

De acuerdo con fuentes judiciales consultadas, Ramos Padilla procesó a los responsables económicos de la campaña: Julián Vilche, Mauricio Redigonda, Carla Chabán y Alfredo Irigoin. Estos firmaron los recibos de los aportes, pero se negaron a declarar cuando fueron citados a indagatoria. 

El juez los procesó por los delitos de falsedad ideológica en documento público, que conlleva una pena de entre uno y seis años de prisión, y por omisión dolosa en la acreditación del origen de los fondos de campaña, un delito que puede llevar a inhabilitación por un período de entre seis meses y 10 años. Además, sus bienes fueron embargados por un monto que varía entre $30 millones y $50 millones.

En cuanto a la investigación, en 2022 se había desaprobado la rendición de los gastos de la campaña. En un muestreo de los aportes auditados, se descubrió que un 37% de ellos correspondían a personas que negaron haber realizado dichos aportes. "La inclusión de al menos 316 aportes privados, correspondientes a 161 personas, fue registrada de manera incorrecta, y estas personas denunciaron que no habían hecho contribuciones", señaló el fallo. Además, el 90% de los aportes fueron en efectivo, lo cual estaba prohibido por ley desde 2019.

Los peritos identificaron que los aportes iban desde $700 hasta $22.000. Muchos de los donantes falsos eran personas en situación de vulnerabilidad, como jubilados, desempleados, personas con enfermedades o trabajadores informales. Algunos de los testimonios recogidos durante la causa mostraron que muchos de estos aportantes se sorprendieron al ver que figuraban como contribuyentes. "Jamás aportaría plata a nadie porque estoy sola con mis tres hijas menores de edad", expresó una de las personas involucradas. Otra mujer explicó que cobraba $4.800 mensuales del Programa Hogar, pero figuraba con un aporte de $2.000.

El total de los aportes falsificados ascendió a $1.962.325, una cifra que, actualizada al valor de hoy, supera los $122 millones. Según Ramos Padilla, la agrupación Cambiemos Buenos Aires había declarado haber recibido un total de $38.192.825 en efectivo durante esa campaña, lo que, ajustado por inflación, representa aproximadamente $2.313 millones.

El juez destacó que debido a la "enorme cantidad de casos", no se trató de un simple error, sino de una maniobra conjunta para ocultar el origen de los fondos. "La inserción de información falsa en los informes de rendición de cuentas tenía como objetivo ocultar el origen de los fondos utilizados por la agrupación Cambiemos Buenos Aires durante las campañas electorales de 2017", señaló el magistrado. Además, subrayó que aún se desconoce el origen de una parte importante de esos fondos, por lo que decidió continuar con la investigación.

En cuanto al planteo de los procesados, quienes argumentaron que la causa no podía avanzar debido a una reforma de 2019 en la ley de financiamiento de partidos, Ramos Padilla rechazó este argumento. La reforma establecía que antes de proceder con una causa penal vinculada a gastos de campaña, debía concluirse el proceso de control electoral. Sin embargo, el juez refutó esta interpretación, señalando que aceptarla implicaría otorgar "fueros especiales" a los imputados, lo que no correspondía en un delito de acción pública como el financiamiento ilegal de una campaña electoral.

"Si se advirtiera la comisión de un delito de acción pública, ningún magistrado podría ordenar un allanamiento o una requisa para resguardar pruebas mientras se espera que la causa de control de rendición de cuentas quede firme", argumentó Ramos Padilla en su resolución. Con esta decisión, la causa continúa su curso judicial.